martes, 21 de abril de 2009

MESA PRINCIPAL E INTERVENCIONES FIRMA PACTO CIVICO

MESA CENTRAL
FIRMA PACTO CIVICO:

De Derecha a Izquierda, Oscar Olano, Sub Directiva CUT por los Vendedores Informales, German Calle, Presidente Junta Directiva Fenalco, por los Vendedores Formales; Monseñor Tulio Duque G, Obispo de Pereira, Gran Canciller Universidad Católica Popular de Risaralda, por los Facilitadores; Israel Alberto Londoño L, Alcalde de Pereira, por el Estado y el Secretario de Gobierno de Pereira.




INTERVENCIONES

Israel Alberto Londoño L
Alcalde
Actor Proceso


Oscar Olano,
Sub directiva CUT
Actor Proceso



Padre Ruben Dario Jaramillo M,
Rector UCPR,
Facilitador

PALABRAS:

*El amor al prójimo parte de la compasión por el otro. Es lo que nuestro señor Jesucristo nos ha enseñado, la necesidad de ver al otro como si fuéramos nosotros mismos, la necesidad de que todos nos miremos como hermanos y hermanas en Cristo y que sobre esa base seamos capaces de buscarle soluciones a los eternos y normales conflictos humanos.

* Cuando se nos informó en el Consejo Superior de la Universidad que el señor Alcalde nos invitaba a desarrollar su idea de concertar entre los comerciantes, tanto los formales como los informales, pero ambos, al fin y al cabo, comerciantes, acogimos la idea con entusiasmo.

*Hemos asumido éste compromiso, aportando nuestros recursos no sólo humanos, técnicos, logísticos sino financieros, pues como todos aquí saben está lejos de ser éste un contrato donde la UCPR ha de obtener ganancias monetarias, por el contrario, compartimos y apoyamos en los costos de éste proceso porque sabemos que es un compromiso con la ciudad, que es un compromiso con el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas que deambulamos en algún momento por las calles, especialmente del centro de la ciudad.

*El proceso, tal cual nos ha mantenido permanentemente informados el Magister Orlando Parra, mi asistente en la Rectoria de la Universidad, ha sido un proceso complejo, difícil, pues los colombianos apenas aprendemos a concertar, apenas aprendemos a dialogar, apenas aprendemos a mirarnos a la cara sin prevenciones, más cuando frente a éste tema se han surtido desconfianzas y peleas fratricidas en los últimos lustros, que han dificultado desarmar los corazones.

*Afortunadamente hemos encontrado en los tres sectores grandes líderes de los tres lados de la mesa, que, sin abandonar los intereses que representan, han mostrado su carácter conciliador, han mostrado su capacidad de llegar a acuerdos, han mostrado que todos somos prójimos y somos capaces de amarnos como nos lo orienta el evangelio. Sin esos dirigentes hubiera sido imposible dar este primer paso.

*Es este el paso más importante pues por primera vez en una situación que la ciudad ha abordado por más de 25 años, se logra que además del estado, además de la administración municipal, además de los gremios empresariales y comerciales, esten los vendedores informales y sus organizaciones representados en esta GUÍA DE RUTA que es el PACTO CÍVICO que hoy se firma, tras varios meses de dialogo, ó como lo dijo un asesor sindical, tal vez tras varios meses de "terapias" para corazones a veces rotos por la indiferencia o por la prevención.

*Esta primera parte ha hecho es lo que ordena la justicia humana representada en la Corte Constitucional, en el sentido de que antes de realizar cualquier acción se deben realizar los estudios pertinentes, he inclusive la Corte ordena seguir monitoreando una situación que es dinámica y que, muy seguramente, la actual crisis financiera mundial, terminará dificultándola aún más; hemos cumplido con esos estudios preliminares, especialmente con las bases de un Registro Único de Vendedores Informales de Pereira, y especialmente con haber construido las bases de un proceso concertado a futuro.

*La UCPR está lejos de pensar que siempre va a ser la entidad que gestione éste proceso. Somos conscientes de que ello sería limitar las posibilidades que implican la necesidad de que se construya una institucionalidad plural, tripartita, que permita a la Alcaldía de Pereira, tal cual lo tiene Bogotá, o Medellín o las grandes ciudades del mundo, poseer un área administrativa dedicada exclusivamente a esta tarea. Lo que hemos hecho es construir un equipo de profesionales que dedicándose de tiempo completo, exclusivamente, con amor y con compromiso con la ciudad, han llenado este vacio, y precisamente ese equipo con la mesa tripartita que hoy queda instalada, ha de construir ese espacio administrativo, y entregarlo a la ciudad, seguramente a fines de este año o comienzo del próximo. En ese momento la tarea puntual de nuestra universidad será solo el acompañamiento ciudadano a ese nuevo instituto municipal, el instituto municipal para el espacio público, que clama una ciudad en acelerado crecimiento como la nuestra.

*De igual manera, hoy ratificamos públicamente que en las primeras obras físicas que se han de ejecutar este año, nosotros sólo llegaremos hasta los diseños arquitectónicos, ergonómicos, ingenieriles, hasta los estudios de suelos, y hasta la entrega a la administración de los documentos que le permitan acordar con OTRA ENTIDAD PUBLICA, PRIVADA O MIXTA que con transparencia absoluta los construya. Eso sí, estaremos atentos a que se cumpla el cometido de los mismos, y acompañaremos como veedores ciudadanos las obras hasta el momento en que se entreguen.

*Finalmente sabemos que contamos con la confianza plena del señor alcalde, que contamos con la confianza plena de los gremios involucrados, que contamos con la confianza de la absoluta mayoría de los miembros de la mesa de vendedores informales y de la casi totalidad de los secretarios de despacho del municipio; es una confianza que nos compromete: esperamos cumplirles a todos , cumplirle a la ciudad y especialmente a cada uno de los prójimos que esperan y necesitan amor cristiano al deambular o trabajar en nuestras calles.

Obispo Diocesis de Pereira,
Gran Canciller Universidad Católica de Pereira.
Facilitador.






FOTOS, COPYRIGHT: MERCADEO Y COMUNICACIONES UCPR.

FOTO FIRMANTES PACTO CIVICO -parcial-

Entre otros, en fila superior de izquierda a derecha: Asesor CGT, Rector UCPR, Asesor Sindical, Sec. de Gobierno, Funcionario Con todos y con todo, Alcalde de Pereira, Dirigente Informales, Secretario de Desarrollo, Obispo de Pereira, Presidente Fenalco, Personero Municipal, Representante Centros Comerciales; abajo en igual orden: Asesor CUT, Dirigente Vendedores, Gerente PIMVIP Con todos y con todo (Mg. Orlando Parra), dirigente artesanos, dirigente vendedores independientes, dirigente vendedores carreteros, Secretario Planeación Municipal, Gerente Gestión Inmoviliaria, Dirigente Femenida Vendedores-

-COPYRIGHT: FOTO, MERCADEO Y COMUNICACIONES UCPR-

Se firmó Pacto Cívico

-entre otros, en fila superior de izquierda a derecha: Rector UCPR, Asesor Sindical, Sec. de Gobierno, Funcionario Con todos y con todo, Alcalde de Pereira, Dirigente Informales, Secretario de Desarrollo, Obispo de Pereira, Presidente Fenalco, Personero Municipal, Representante Centros Comerciales; abajo en igual orden: Gerente PIMVIP Con todos y con todo (Mg. Orlando Parra), dirigente artesanos, dirigente vendedores independientes, dirigente vendedores carreteros, Secretario Planeación Municipal, Gerente Gestión Inmoviliaria, Dirigente Femenida Vendedores- (la foto publicada en El Diario está incompleta)

Laura BoteroEl Diario del OtúnEl Pacto Cívico para remodelar el espacio público de la ciudad fue firmado ayer, en representación del Municipio de Pereira, por el alcalde Israel Alberto Londoño y su equipo de Gobierno, accionistas del sector gremial y vendedores informales, para que en igualdad de condiciones se aprobara la realidad que agobia a la ciudad de Pereira con respecto a la invasión del espacio público.
“Cuando la Ucpr fue invitada a concertar entre los comerciantes formales e informales, acogimos la idea con mucho entusiasmo y esperanza, hemos asumido este compromiso aportando nuestros recursos no sólo humanos, técnicos y logísticos, sino también financieros; nuestro propósito es compartir y ayudar en los costos de este proceso porque sabemos que es un compromiso con la ciudad, con el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas que deambulamos en algún momento por las calles, especialmente en el centro de la ciudad”, señaló el sacerdote Rubén Darío Jaramillo, rector de la Universidad Católica Popular del Risaralda.
Agregó también que por primera vez en una situación que la ciudad ha sufrido por más de 20 años, se logra que además de la administración municipal, de los gremios empresariales y comerciales, estén los vendedores informales y sus organizaciones en este Pacto Cívico que se firmó tras varias oportunidades de diálogo. OBJETIVOEl objetivo de desarrollar este Pacto Cívico es articular el derecho al trabajo de los vendedores informales con el derecho de los ciudadanos, de poder hacer parte de un espacio público ordenado, el cual responda al modelo de ciudades modernas y desarrolladas, con el fin de crear conceptos unificadores que faciliten la consolidación de un pacto que distinga a la ciudad de Pereira por el civismo de su gente.
Esta gestión será el primer paso para que los proyectos que se han prometido se conviertan en realidad para los vendedores informales, y que contribuya a creer en una gestión administrativa comprometida y confiable.
Según lo expresó el alcalde de Pereira, Israel Alberto Londoño, “el pacto que hoy se firma es simplemente el inicio de un proceso en el cual llevamos 8 meses concertando, el éxito de este proceso tendrá que trascender nuestra administración y pasar muchas más administraciones de la ciudad de Pereira y todos tienen que hacer parte de este proceso”.
Indicó que la administración local se comprometerá a desarrollar las condiciones necesarias para que tanto los transeúntes como los comerciantes tengan la posibilidad de acceder al cliente que es quien les permiten la subsistencia de ellos y de sus familias.La CUTPor otro lado, Óscar Olano Gallego, representante de los vendedores informales e integrante de la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, expresó que “este proceso lo empezamos a desarrollar hace más de 10 años, donde queríamos mostrar la solución real del espacio público a las soluciones que anteriores administraciones quisieron dar: garrote, cárcel y decomisos en la calle que es nuestro medio de subsistencia; hoy con este proceso queremos cambiar la ciudad, hacer una ciudad amable, culta, mostrar que nosotros somos seres humanos y tenemos derecho a trabajar y a vivir en paz en cualquier ciudad del país”. COMPROMISOSLa administración municipal al firmar este Pacto Cívico aplicará la ley dentro del estricto cumplimiento de los Derechos Humanos y en particular del Derecho al Trabajo.Permitirá que los vendedores informales accedan a los programas municipales de vivienda, crédito, educación, seguridad social, recreación, soluciones laborales y de emprendimiento que incluya la capacitación para los integrantes del núcleo familiar de los comerciantes que quieran un cambio de actividad económica, o para quienes se comprometan a abandonar el espacio público.
La administración municipal vigilará el cumplimiento de las normas de salud pública sobre contaminación sonora, visual y de manejo de residuos.
Sin embargo, el compromiso también deberá demostrarlo el sector empresarial y del comercio formal, quienes deberán participar activamente del proceso, fomentando el diálogo en las discusiones que se presenten, gestionar ante los Bancos de Empleo existentes ubicaciones laborales para los comerciantes informales y su núcleo familiar, apoyar la gestión de recursos a nivel regional, nacional e internacional para financiar los proyectos viables por la Mesa.InformalesDe otro lado, el sector informal también deberá participar activamente en el cumplimiento del Pacto Cívico, contribuyendo al aseo y buena presentación personal y de los puestos de trabajo, contribuir a la movilidad y al orden del entorno y acertar el cumplimiento de las normas de salud pública y ambientales que permitan la actividad comercial en un entorno agradable y de respeto por todos.
PrioridadesDe acuerdo a lo establecido en el Pacto Cívico, se establecieron como zonas críticas a intervenir en los años 2009 y 2010 las calles 16, 17, 18 y 19 entre las carreras sexta, séptima, ocatva, novena y décima del centro de la ciudad.
Para reubicar a los vendedores de frutas y verduras y despejar dichas calles, se ubicará ordenadamente a los vendedores semi estacionarios en paseos comerciales abiertos con techos en los siguientes sitios: calle 18 entre carreras quinta y octava, calle 18 bis entre carrra novena y décima, calle 22 entre carreras séptima y octava.
Acompañarán a los vendedores a través de paseos temáticos, pasajes comerciales, ferias temporales, festivales gastronómicos y otras formas de mercadeo.
“Este es un proyecto estratégico de ciudad, el proyecto de recuperar la movilidad y el desarrollo de lo comercial en el centro. A partir de hoy este Pacto Cívico se vuelve la camiseta oficial de la administración local”, indicó el alcalde de Pereira, Israel Alberto Londoño.

Firman el pacto cívico por el espacio público

-en la foto, el Secretario de Gobierno (e), el Alcalde de Pereira y el señor Obispo-
El pacto cívico que se firmó con los vendedores informales acordó priorizar como zonas críticas a intervenir en los años 2009 a 2010, el espacio comprendido entre las calles 16,17,18 y 19, entre las carreras sexta, séptima, octava, novena y décima del centro tradicional de Pereira y la reubicación y redistribución de los comerciantes de frutas y verduras, es decir, los carreteros.
Para despejar armónicamente dichas calles, se impulsará la propuesta de redistribución y ubicación ordenada de comerciantes semi estacionarios en paseos comerciales abiertos con o sin techos en la calle 18 entre carreras 5a y 8a; calle 18 bis entre carreras 9 y 10 y calle 22 entre carreras 7a y 8a.Además en las calles y carreras que determinen los estudios técnicos que serán socializados de manera oportuna, así como otras alternativas acordadas en la mesa de concertación.Las soluciones se desarrollarán por etapas anuales, acorde con los lineamientos de la mesa de concertación y contemplarán a la totalidad de los comerciantes legítimamente incluidos en el Registro Único de Vendedores Informales de Pereira (Ruvip). Para el desarrollo de esta primera etapa del proyecto hay $400 millones de los $1.200 que vale en total. Se requiere buscar $800 millones más.El alcalde Israel Londoño también hizo un llamado al gobernador Víctor Manuel Tamayo, para que acompañe al Municipio en este proyecto de ciudad y sumen esfuerzos.“No quiero esfuerzos aislados o individuales”, señaló el alcalde Londoño.Gerencia para el espacio públicoEl alcalde Israel Londoño reveló la posibilidad de crear un Instituto Municipal para el Espacio Público.“Existe la inquietud de que tal como en Bogotá, donde hay una Secretaría para la Movilidad y una para el Espacio Público, se ponga en marcha un instituto especializado, que se encargue de desarrollar este proyecto de vendedores ambulantes”, explicó el Alcalde.
Los compromisos
1. Desde la Administración Municipal: Son en total nueve los compromisos asumidos por la administración municipal, entre los que se destacan, los siguientes: -Presentar a más tardar 60 días después de la firma de este pacto, un proyecto de acuerdo modificatorio del Acuerdo 78 de 2008 sobre el aprovechamiento económico del espacio público, definiendo sus alcances frente a los comerciantes ifnormales, porque este proyecto de Acuerdo, tiene previsto el cobro y concesión de algunas zonas. Además, desarrollar para los comerciantes informales que lo requieran, el acceso a los programas municipales de vivienda, crédito, educación, seguridad social y recreación, contemplados en los Planes de Desarrollo.2. Desde el sector empresarial y del comercio formal: Son en total seis compromisos. Algunos de ellos son:Gestionar ante los Bancos de Empleo existentes ubicaciones laborales para los comeciantes informales y su núcleo familiar.3. Desde el sector informal: Su mayor compromiso se centra básicamente en la autorregulación, contribuyendo a la movilidad, el orden del entorno, limpieza de su sector, acatar el cumplimiento de las normas de salud pública y las ambientales sobre contaminación sonora, visual y de manejo de residuos.
“Es el comienzo”
Óscar Olano, representante de los vendedores informales y miembro de la subdirectiva CUT Risaralda, señaló que la firma de este pacto cívico es solo el comienzo de un proceso preliminar que se empezó a gestar desde hace ocho meses.“En anteriores administraciones fue garrote, cárcel y decomisos. Ojalá ahora ya no exista más divorcio entre el derecho al trabajo y el derecho al espacio público”.
en http://www.latarde.com/local/per/9533-firman-el-pacto-civico-por-el-espacio-publico.html

PACTO CIVICO: EDITORIALES

El “Pacto Cívico”
Ayer se firmó por parte de la administración municipal, de los principales gremios económicos de la ciudad, de los comerciantes formales y de las distintas agremiaciones que representan los vendedores informales, lo que se ha llamado el “Pacto Cívico” por Pereira.
Esta unión de voluntades de la cual hacen parte la Secretaría de Gobierno, Fenalco, la Cámara de Comercio, Camacol, Acopi, la Asociación de Centros Comerciales, el Sindicato de Vendedores Ambulantes y la Cooperativa de Artesanos del Centro, y que tuvieron como facilitadores al Obispo de Pereira y al Rector de la Universidad Católica, y como veedores a la Personería Municipal y a la Defensoría del Pueblo, tiene como objetivo fundamental reorganizar el espacio publico en la ciudad.
Nada más importante en este momento para Pereira que ponerle orden y control a su comercio informal. Pocas veces la ciudad había estado en un caos y una anarquía tan impresionante como la que hoy muestran las principales vías del centro, los parques y plazas, las calles peatonales y en general todos los lugares públicos por donde hay aceptable circulación de personas.
Gigantescos almacenes ambulantes localizados en la mitad de los andenes; restaurantes con cocina, mesas, sillas y hasta servicio a domicilio, en cada cuadra de la ciudad; verdaderos “Call Center” para la comercialización de minutos de celulares instalados cada 30 metros sobre las carrera séptima y octava; y pequeñas galerías satélites en cada esquina para la venta de mangos, aguacates, tomates, cebolla, uvas, chontaduros y toda clase de frutas y verduras, son los que han convertido al centro de Pereira en un lugar intransitable, poco amable y hasta desagradable para propios y extraños.
Y lo peor, el acelerado crecimiento de todo este desorden y confusión ante la mirada tolerante y no pocas veces cómplice de las autoridades encargadas de controlar el comercio informal, de hacer respetar el espacio público para los ciudadanos y de ponerle orden a la ciudad.
Pereira, pues, necesita de la buena voluntad de todos y del compromiso de las autoridades para devolverle a los habitantes ese espacio que hace rato perdieron y que es de todos. Ojalá el “Pacto Cívico” que firmaron ayer todos los actores de la vida ciudadana se convierta en una realidad y sea un verdadero empeño colectivo.
EN http://www.eldiario.com.co/seccion/EDITORIAL/el-pacto-c-vico-090420.html

El espacio público debe ser público

La suscripción del Acuerdo Cívico sobre las ventas informales y la competitividad comercial suscrito ayer, marca un logro atribuible a estamentos oficiales y privados, por el cual hacemos todos los votos para que sirva a sus propósitos. Pero nos deja muchos y muy desapacibles interrogantes.
La noción de ejercer la actividad mercantil en el espacio público, no es nueva. Data de la Colonia y se conoció en todos nuestros pueblos, cuando se hacían los célebres mercados en las plazas principales. En Pereira se levantaron toldos de ventas en la Plaza de Bolívar. Las diferencias con la propuesta de hoy, son varias y de vital importancia: era una actividad para la cual estaba destinado un día, retornando la Plaza a su naturaleza el resto del tiempo; la actividad era ajustada a la normatividad vigente y no había diferenciación los ciudadanos ante la ley.Espacio público es el lugar donde cualquiera tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido. Por tanto, espacio público es aquel de propiedad, dominio y uso públicos. Sirve para satisfacer necesidades urbanas colectivas y, desde el punto de vista jurídico, está sometido a una regulación específica, que garantiza su accesibilidad a todos los ciudadanos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de actividades. Sirvió, históricamente, como un generador de relaciones sociales, pues se utilizaba como sitio de encuentro, de tertulia y de esparcimiento.Con las nuevas regulaciones, el espacio público ha ido paulatinamente perdiendo su naturaleza. Es cada vez menos posible la utilización por parte de todos y la vida de la ciudad se va restringiendo a los espacios privados, con las consecuencias sociales que ello conlleva. Es así como la movilidad vehicular se ve afectada y la circulación de los peatones también.Por ello, el diseño de las ciudades se va convirtiendo, en una proliferación de espacios privados a los cuales el acceso es restringido. Los centros comerciales privados y los conjuntos cerrados de vivienda, son cada día más comunes. En cambio, el espacio público, que la ley define como inalienable, imprescriptible e inembargable, se restringe más para el ciudadano común.Hacemos votos porque con el Pacto Cívico se solucione el problema que creó el comercio informal. Pero no podemos desconocer que, al suscribirlo, hemos mirado en dirección contraria a ciertos principios generales y fundamentales del ordenamiento jurídico, como son la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la naturaleza jurídica del espacio público y el hecho de que las conductas ilegales no pueden ser generadoras de derechos.
EN http://www.latarde.com/opinion/editorial/9574-el-espacio-publico-debe-ser-publico.html

viernes, 5 de diciembre de 2008

RESUMEN EJECUTIVO PROPUESTA

Imagen de http://img322.imageshack.us/img322/4161/pereira033du.jpg

En esencia ésta propuesta, como su nombre lo indica, entiende el tema de las Ventas Informales en la ciudad como un reto, como un problema para la ciudad, y por ende como un PROYECTO DE CIUDAD, el cual trasciende la temporalidad de la actual administración y va mucho más allá de quienes firman éste convenio, pues requiere la participación masiva y activa de grandes e importantes sectores de la ciudadanía pereirana con su civismo reconocido.

Y, hacemos énfasis en que es sólo el tema de los vendedores informales, o lo que en el argot popular se da en llamar “ventas ambulantes”, porque ésta propuesta, SOLO abordará y se responsabilizará de esa temática, que es sólo una parte, un sector, un área dentro de lo que es la generalidad y macro integralidad del “espacio público” en una ciudad en crecimiento, llamada y retada por el siglo XXI como Pereira.

Tal cual lo planteó en su candidatura el actual señor alcalde, el parámetro que la rige es LA CONCERTACION, es el alejarse de aquellas propuestas que si bien han arrojado experiencias valiosas también en la medida que han consultado poco a los actores directa e indirectamente involucrados en este PROYECTO DE CIUDAD, han estado lejos de dar los resultados esperados.

Ese “momento” el de la “CONCERTACION”, es el momento más importante del proceso, pues es allí, donde las ideas y las propuestas de los vendedores, de los empresarios, de los economistas, de los estudiosos, de las y los ciudadanos se aunarán para encontrar salidas viables a éste fenómeno recurrente. Ello sin olvidar, que el reto del alcalde Londoño, está enfocado en las zonas del Centro de la ciudad y del Sub centro de Cuba, pues se es consciente de la limitación en recursos financieros y espacio-temporales para un abordaje mayor.

Es la CONCERTACION la que analizará y entregará las posibles salidas socio económicas a una problemática que es, precisamente, socio-económica y es allí donde la integralidad de la UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DE RISARALDA con sus programas de

PSICOLOGIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ARQUITECTURA

DISEÑO

Entre otros, se pone a disposición de dicha dinámica, a la cual hemos sumado toda la experticia social de la FUNDACION CARITAS-DIOCESANA.
En medio del convenio marco que la UCPR tiene con la misma.
Nuestros retos para este primer año, son múltiples, pero esencialmente son dos:

A. Dejar sentadas las CONCERTADAS bases de desarrollo de este PROYECTO DE CIUDAD

B. Entregar, al finalizar el año o comenzar el siguiente, los primeros MODELOS o PROTOTIPOS de soluciones a la problemática, concebidas dentro del PROYECTO DE CIUDAD.




GENERALIDADES - INTRODUCCION -


-Imagen de Equipo de Diseño UCPR-Convenio-

El fenómeno de las ventas callejeras ha acompañado los asentamientos humanos desde que aparecieron las ciudades en la antigüedad. La Biblia los menciona, también la historia de Oriente y de Occidente. Los describe Marco Polo en su libro de viajes y los realza la literatura árabe contándonos la vida a través de los mercados y los míticos bazares llenos de fascinantes laberintos con olor a especias.
La colonización europea en América, al transformar la organización económica indígena, genera necesidades urbanas que deben satisfacerse a través de vendedores ambulantes que transportan en burros y carretas productos de primera necesidad: agua, carbón, leche, huevos, queso, pan y otras viandas se ofrecían de puerta en puerta y se organizaban los domingos toldos al aire libre para exponer mercaderías. Cuando la población creció y con ella las ciudades la manufactura se diversificó y los vendedores se volvieron estacionarios en los sitios concurridos, buscando incrementar sus ventas.
La modernización de las ciudades generó la disparidad entre los mercados formales y los informales; las grandes economías de los mayoristas y las pequeñas economías domésticas, disparidad que en las ciudades latinoamericanas se ha acentuado por factores de pobreza y franca desigualdad. El fenómeno se ha afianzado porque la precariedad y la falta de oportunidades propician la ilegalidad, el contrabando, el monopolio, la inequidad y la desigualdad.
Casi todas las administraciones municipales de los últimos años han dedicado parte de sus esfuerzos y recursos a mitigar y controlar los impactos de la ocupación indebida del espacio público por esta población informal. La reproducción del fenómeno es consecuencia lógica de la inexistencia de políticas económicas y sociales que propendan por la redistribución de la riqueza y por la generación de oportunidades para poblaciones vulnerables, como también de la existencia de una demanda callejera de artículos efímeros, novedosos y baratos que le ahorran al comprador tiempos y costos.
En el municipio de Pereira, comercial por vocación, la venta callejera hizo su aparición en las carreras octava y novena y calles aledañas a la antigua plaza de mercado, perpetuándose y expandiéndose, acompañando el crecimiento de la ciudad. En Cuba se dio un proceso paralelo a partir de todo el intercambio urbano rural de víveres provenientes de los centros poblados del sur occidente. Ahora invade las calles del subcentro y podría extenderse sobre el intercambiador de transporte masivo que se inaugurará a final de año por parte de la empresa Megabús. La calle le ha dado la bienvenida a la población desplazada que llega a Pereira huyendo de la violencia en sus regiones y le ha ofrecido la oportunidad de realizar los sueños de volver a tener un arraigo social y cultural, las ventas informales son una opción bastante recurrida por esta población.
La Alcaldía de Pereira, asume el reto constitucional, político, económico y social de abordar la problemática del vendedor informal desde una perspectiva de CONCERTACIÓN con los actores, de convocar la corresponsabilidad ciudadana en la búsqueda y puesta en marcha de alternativas para construir una vida digna, de destinación de presupuesto suficiente, de cumplimiento de la norma, de garantizar la sostenibilidad de los programas concertados y de implementar una política de prevención de la reproducción de la problemática.
La Universidad Católica
, Popular del Risaralda, interpretando la política definida por el Alcalde Israel Londoño frente a la problemática generada por la ocupación indebida del espacio público por ventas informales, diseñó el proyecto “Plan integral de manejo de ventas informales en el municipio de Pereira” que se presenta a continuación.

DESCRIPCIÒN DE LA PROBLEMATICA "ANTECEDENTES"

A nivel legal el manejo de los vendedores informales plantea un pulso entre el derecho al trabajo y la garantía de que el espacio público se destine a usos de interés general y no particular. A lo primero se refiere la jurisprudencia de la sentencia T 772-03 (que antepone la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de los informales), y a lo segundo se refieren desde la Constitución Política de Colombia (en su Artículo 82), el Decreto 1504 de 1998 (que reglamenta el Espacio Público en los POT), la Ley 388 de 1997 (también conocida como Ley de Desarrollo Territorial) y todos los decretos nacionales y municipales que definen y protegen el espacio público como derecho fundamental de todos los ciudadanos…
Pereira es una ciudad que ha ido configurando una poderosa vocación comercial a nivel regional que se evidencia en la consolidación de su centro tradicional y otras zonas de la ciudad. Su posición geográfica la privilegia a nivel nacional por ser el centro de ese “triángulo de oro” que conforman las tres ciudades principales del país: Bogotá, Medellín y Cali. A nivel regional Pereira también es el nodo donde confluyen visitantes de municipios de Caldas, Quindío y el norte del Valle del Cauca. El comercio de Pereira es atractivo para todo tipo de compradores desde los habitantes de los centros poblados que hace parte de la zona rural, hasta los visitantes de todo el país que la frecuentan. Este alto volumen de población flotante, sumada a su población en la cabecera municipal de 410.535 habitantes (Recuento DANE), pone a prueba toda la infraestructura municipal donde el espacio público cobra un papel fundamental.

La creación y aseguramiento del espacio público es un tema urbano que se ha vuelto protagonista del milenio en las principales ciudades del mundo, de hecho los mismos dirigentes políticos han encontrado en los temas del espacio público nuevas consignas para abanderar sus campañas. Desde el año 2000, fecha de implementación del PORTE (Plan de Ordenamiento Territorial), en la ciudad se han venido ejecutando varios proyectos que tienen como eje principal el espacio público: Las obras de remodelación del Centro Tradicional – Carreras Séptima y Octava; el Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad Victoria y las obras generadas por el Sistema de Transporte Masivo – Megabus.
La protección del espacio público da respuesta a varias problemáticas, pero hay una que cobra especial importancia por la magnitud de su impacto, el manejo de los vendedores informales. Pereira es una ciudad reconocida como un “buena plaza” a nivel nacional según comentan los mismos vendedores informales. De hecho una buena parte de los venteros de Pereira proceden de otras ciudades. Según información de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal, existe un listado de 5.310 vendedores ubicados en espacio público, de los cuales 1.600 se encuentran ubicados en las zonas críticas: centro tradicional y subcentro de Cuba.
Algunas de las administraciones municipales, que anteceden a la actual, han formulado diversas estrategias para desocupar el espacio público desde la reubicación en San Andresito de los vendedores del parque de La Libertad en 1984, hasta los Bazares Populares de la doctora Martha Elena Bedoya en el año 2002. Sin embargo, y a pesar de las fuertes inversiones y de la voluntad política de la administración pública, el problema persiste y se multiplica con el paso del tiempo.
Factores como la pobreza, el desplazamiento por la violencia, la falta de oportunidades, la tradición familiar, el contrabando, la piratería, la presión de los mayoristas, entre otros, han desencadenado la invasión del espacio público que por su misma naturaleza diversa y compleja obligan a plantear soluciones múltiples acordes con las motivaciones de ocupación. En este orden de ideas una posible solución debe comprender un portafolio de soluciones producto de un proceso de concertación donde se dé una corresponsabilidad entre todos los actores públicos y privados. Así mismo deben definirse unos modos de contribución para la financiación de dichas alternativas. Todo el proceso debe generar una asunción de compromisos a futuro para garantizar su sostenibilidad y evitar la reincidencia del fenómeno.

A nivel legal el manejo de los vendedores informales plantea un pulso entre el derecho al trabajo y la garantía de que el espacio público se destine a usos de interés general y no particular. A lo primero se refiere la jurisprudencia de la sentencia T 772-03 (que antepone la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de los informales), y a lo segundo se refieren desde
la Constitución Política de Colombia (en su Artículo 82), el Decreto 1504 de 1998 (que reglamenta el Espacio Publico en los POT), la Ley 388 de 1997 (también conocida como Ley de Desarrollo Territorial) y todos los decretos nacionales y municipales que definen y protegen el espacio público como derecho fundamental de todos los ciudadanos.

LO LEGAL: UN PULSO ENTRE EL DERECHO AL TRABAJO Y LA GARANTIA DEL ESPACIO PUBLICO

A nivel legal el manejo de los vendedores informales plantea un pulso entre el derecho al trabajo y la garantía de que el espacio público se destine a usos de interés general y no particular. A lo primero se refiere la jurisprudencia de la sentencia T 772-03 (que antepone la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de los informales), y a lo segundo se refieren desde la Constitución Política de Colombia (en su Artículo 82), el Decreto 1504 de 1998 (que reglamenta el Espacio Público en los POT), la Ley 388 de 1997 (también conocida como Ley de Desarrollo Territorial) y todos los decretos nacionales y municipales que definen y protegen el espacio público como derecho fundamental de todos los ciudadanos


Desde el punto de vista del vendedor informal la problemática entraña una raíz social profunda que tiene que ver con la falta de empleo y de oportunidades como se ha venido exponiendo.

martes, 11 de noviembre de 2008

JUSTIFICACIÒN DE LA OPERACIÒN

¨Surgen varias preguntas: ¿Fracasaron los programas de reubicación?; ¿Se les hizo seguimiento y se destinó presupuesto para su sostenibilidad?; ¿Los procesos fueron concertados?; ¿Los liderazgos de estos procesos tuvieron acompañamiento institucional que facilitara el logro del éxito comercial y social?; ¿Hubo compromiso real del sector comercial y empresarial con las administraciones y con los vendedores para formalizarlos y ofrecerles oportunidades de crecimiento económico?; ¿Los vendedores se apropiaron del proceso y pusieron todo su esfuerzo y voluntad en asumir el reto de la formalización?; ¿Las administraciones pusieron en marcha políticas de contención para evitar la reproducción de este fenómeno?¨
El comercio formal y la ciudadanía en general han demandado históricamente de las administraciones municipales, soluciones definitivas y sostenibles para desocupar el espacio público de ventas informales. En la administración de la Alcaldesa Martha Elena Bedoya (2000-2003) se adelantó un programa de reubicación de 819 vendedores informales en 12 “Bazares Populares” construidos en espacios análogos a la calle, considerados como lugares “óptimos” para el comercio, esta premisa debe revisarse y descubrir los aciertos y desaciertos de esta estrategia. Durante el periodo del Alcalde Juan Manuel Arango (2004-2007) lograron permanecer sólo 5 de estos bazares y se planteo una reubicación de 293 vendedores en el recién construido “Centro Comercial La 13” ubicado en la calle 13 con carrera 11. Su evaluación hará parte de los insumos de investigación de este proyecto.

A pesar de estos esfuerzos, se observa como los vendedores se han apoderado de nuevo de las calles céntricas de la ciudad y están proliferando en centralidades periféricas como Cuba, Avenida Circunvalar (en horarios nocturnos), zona de la antigua Galería (carrera 9 entre calles 13 y 14), entre otras.

Surgen varias preguntas: ¿Fracasaron los programas de reubicación?; ¿Se les hizo seguimiento y se destinó presupuesto para su sostenibilidad?; ¿Los procesos fueron concertados?; ¿Los liderazgos de estos procesos tuvieron acompañamiento institucional que facilitara el logro del éxito comercial y social?; ¿Hubo compromiso real del sector comercial y empresarial con las administraciones y con los vendedores para formalizarlos y ofrecerles oportunidades de crecimiento económico?; ¿Los vendedores se apropiaron del proceso y pusieron todo su esfuerzo y voluntad en asumir el reto de la formalización?; ¿Las administraciones pusieron en marcha políticas de contención para evitar la reproducción de este fenómeno?.
La Universidad Católica Popular del Risaralda de acuerdo con la política que para el efecto ha propuesto el Alcalde de Pereira y pretendiendo dar respuesta a estos interrogantes, con el ánimo de aprender de las experiencias anteriores y de formular propuestas acogiendo los puntos de vista de los actores involucrados, ha diseñado una propuesta que contempla una metodología integral de las alternativas de solución a la problemática social, económica y legal originada en la ocupación del espacio público por ventas informales, en donde se resaltan las siguientes características.
1. Es un PROYECTO DE CIUDAD donde se parte de un reconocimiento de todos los actores que hacen parte de la problemática y la gestión de sus soluciones. Se abrirán los espacios para que todos y cada uno de dichos actores tengan la oportunidad de hacer su aporte: Vendedores informales, administración pública, sector comercial, sector empresarial, sector turístico, academia, instituciones financieras, instituciones educativas formales y no formales y ciudadanía en general.
2. Es una propuesta de CONCERTACIÓN, que sólo adelantará programas y proyectos derivados de mesas de trabajo con los representantes de los vendedores informales y todos aquellos actores que deban convocarse.
3. Las soluciones que se planteen deberán ser compatibles, hasta donde sea posible y sostenible, con los PROYECTOS DE VIDA de los vendedores y de sus familias, para construir con ellos las alternativas, de acuerdo con sus expectativas.
4. Se convocará el sentido de RESPONSABILIDAD SOCIAL del sector privado para la oferta y financiación de oportunidades de formalización, crecimiento social y económico del núcleo familiar del vendedor.
5. La propuesta parte del reconocimiento que no existe una solución única que pueda atender una problemática de orígenes tan diversos. En consecuencia ofrecerá y construirá, con el concurso de todos los actores, MÚLTIPLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES: sociales, económicas, laborales, familiares, educativas y formativas, de reubicación física y reordenamiento de las ventas callejeras.
6. Es una propuesta que busca ser SOSTENIBLE en el tiempo por medio de medidas preventivas de la reproducción del fenómeno: haciendo seguimiento a sus propios programas; vinculando a la población inmersa en la economía informal con programas sociales existentes y creando otros que generen ingresos para poblaciones en situación de vulnerabilidad y generando estrategias que contengan la aparición de nuevos vendedores o faciliten su incorporación a los programas en desarrollo.
7. Se busca que la población que involucra el comercio informal sea incorporada a la sociedad organizada con un sentido de INCLUSIÓN SOCIAL.
El alcalde de Pereira, doctor Israel Alberto Londoño Londoño, es consciente de la magnitud de la problemática que encierra el manejo de los vendedores informales. De la historia reciente ya se pueden recapitular valiosas lecciones que señalan que la solución al problema de la informalidad no se resuelve únicamente con unas actuaciones físicas sobre el espacio público o con el músculo del control que ejerce la Secretaría de Gobierno. Las confrontaciones entre las autoridades y la ciudadanía tienen consecuencias lamentables. La contención del fenómeno y el trato digno a una situación de inequidad, exige además de voluntad política, poner en juego elementos de sostenibilidad, viabilidad y reconocimiento de que los derechos fundamentales de estas poblaciones aún no están debidamente garantizados por el Estado.
La Universidad Católica Popular del Risaralda propone una metodología de consenso para el tratamiento adecuado de las ventas informales localizadas en los sitios más críticos de Pereira. De no atender esta situación, la ciudad seguirá conviviendo con una problemática que se agudizará y demandará en el futuro fuertes inversiones sociales y económicas. El registro de vendedores informales, realizado en la administración de la alcaldesa Martha Elena Bedoya en el año 2000 contabilizó más de 5.000 vendedores informales en el municipio de Pereira, que sumado a sus grupos familiares, da como resultado un grupo social de 15.000 ciudadanos que deben ser incorporados a un PROYECTO DE CIUDAD de trascendencia histórica. El evento que realizó la Alcaldía de Pereira el lunes 17 de marzo de 2.008 en el Parque Metropolitano del Café, invitando a los vendedores informales a participar en el “Día Sin Ocupación del espacio público” tuvo respuesta de más de 1.500 vendedores informales que mostraron su voluntad de cooperación y su deseo de ser parte activa del sector económico formal y de reconocerse como un elemento productivo que aporta al desarrollo municipal.
MARCO JURÍDICO
Las autoridades sí tienen el deber y la potestad constitucionales de adelantar políticas, programas y medidas orientadas a recuperar y preservar el espacio público, pero tales políticas, programas y medidas (i) se han de adelantar siguiendo el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, (ii) deben respetar la confianza legítima de los afectados, (iii) deben estar precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios para guardar correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (iv) no se pueden adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia que tienen a su disposición.
A continuación se exponen algunos apartes de los documentos legislativos que soportan ese pulso entre el derecho al trabajo y el derecho al espacio público que plantea la cuestión de las ventas informales.

Como se explicará más adelante las etapas operativas en las cuales se divide la presente propuesta se enmarcan y desarrollan en los mandatos constitucionales y en la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional que ordena a la administración pública propender por la igualdad y la prosperidad de los grupos marginados por motivos económicos o por cualquier otro motivo.

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 1, 2 y 13, define el Estado colombiano como social de derecho, participativo, garante de la efectividad de los derechos ciudadanos con la obligación de adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados y de proteger a las personas que por su condición económica se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta.

La Jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional originada en la acción de tutela interpuesta por el vendedor ambulante Félix Arturo Palacios y plasmada en la Sentencia T 772-03, orienta las acciones del estado hacia la adopción e implementación de políticas y programas positivos que garanticen el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales, absteniéndose de adoptar medidas que conduzcan al incremento de la pobreza.

Para ilustración, se transcriben los artículos constitucionales mencionados y apartes de la Sentencia T 772-03.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Artículo 82 de la Constitución, el Estado tiene el deber de “velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular...”.
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL (T 772-03)

ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Deberes del Estado para erradicar la pobreza y desigualdad / ESTADO SOCIAL DE DERECHO - Prohibición de adelantar políticas económicas, sociales y culturales de carácter regresivo

Hay dos clases de deberes diferenciables para el Estado: (i) por una parte, debe adoptar e implementar las políticas, programas o medidas positivas encaminadas a lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades entre los asociados, dando así cumplimiento a sus obligaciones internacionales y constitucionales de lucha contra la pobreza y progresiva satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la población -en aplicación de lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “cláusula de erradicación de las injusticias presentes”-; y (ii) por otra, se debe abstener de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas ostensiblemente regresivos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que conduzcan clara y directamente a generar más pobreza de la que actualmente agobia al país, y agraven la situación de exclusión o marginación de determinados sectores de la sociedad, especialmente de aquellos que se encuentran en condiciones económicas precarias; mucho más si, como consecuencia de tales políticas, programas o medidas, se acaba por empeorar la situación material de quienes ya están en circunstancias extremas de subsistencia

ESPACIO PÚBLICO (Preservación)

Es indiscutible la existencia de un deber constitucional y legal en cabeza de las autoridades, consistente en preservar la integridad del espacio público, para cuyo cumplimiento la ley les ha provisto de ciertos instrumentos jurídicos de carácter policivo. Pero la delimitación del alcance de este deber, y la determinación de los medios necesarios para cumplirlo frente a situaciones concretas de ocupación indebida, se deben efectuar en forma tal que se respeten plenamente los demás mandatos constitucionales, en particular aquellos que protegen los derechos fundamentales de las personas, e imponen a las autoridades deberes sociales de imperativo cumplimiento. Por lo tanto, cualquier política, programa o medida adelantados por las autoridades para dar cumplimiento a su deber constitucional y legal de preservar el espacio público, que conlleven el desalojo de quienes se encuentren ocupando tal espacio, o limitaciones similares de los derechos de las personas, deberán adelantarse con plena observancia de la totalidad de los imperativos constitucionales reseñados y precisados por la jurisprudencia constitucional.

ESPACIO PUBLICO (Criterios y condiciones que deben regir las actuaciones encaminadas a su recuperación)
Las autoridades sí tienen el deber y la potestad constitucionales de adelantar políticas, programas y medidas orientadas a recuperar y preservar el espacio público, pero tales políticas, programas y medidas (i) se han de adelantar siguiendo el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, (ii) deben respetar la confianza legítima de los afectados, (iii) deben estar precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios para guardar correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (iv) no se pueden adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia que tienen a su disposición.
ESPACIO PUBLICO (Provisión de alternativas económicas frente a vendedores ambulantes / VENDEDOR AMBULANTE-Reubicación)

Por lo tanto, en aplicación del principio del Estado Social de Derecho y en el contexto de las condiciones sociales y económicas actuales de la capital, las autoridades distritales competentes están en el deber constitucional de incorporar, como parte integrante de dichas políticas, programas o medidas de recuperación del espacio público, un componente obligatorio de provisión de alternativas económicas para quienes dependen del comercio informal para su sustento vital, el cual se debe haber formulado con base en una evaluación y un seguimiento previos y detallados de las condiciones sociales y económicas reales y cambiantes de la capital, con miras a asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales a medida que cambia el contexto dentro del cual se van a implementar, de tal manera que exista correspondencia entre tales políticas, programas y medidas y las dimensiones y características del problema social a resolver. En ausencia de este componente, que se debe ofrecer en principio a todos los comerciantes afectados en forma previa a su desalojo, la política, programa o medida correspondiente será ostensiblemente lesiva de los mandatos constitucionales -es decir, inadmisible por su carácter desproporcionado-.

En consecuencia, la búsqueda de la igualdad material para todos debe constituir el norte de las tareas cumplidas por el Estado colombiano, bajo su nueva formulación en tanto Estado Social de Derecho; tal presupuesto implica que las autoridades están obligadas, en primer lugar, a promover por los medios que estimen conducentes la corrección de las visibles desigualdades sociales de nuestro país, para así facilitar la inclusión y participación de los débiles, marginados y vulnerables en la vida económica y social de la nación, y estimular un mejoramiento progresivo de las condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos de la sociedad –que día a día se multiplican, y de hecho conforman, actualmente, la mayoría poblacional
[1]-: “la interpretación sistemática del principio fundamental del Estado Social de Derecho y de los preceptos constitucionales que lo concretan, permite concluir que dicho principio abarca, sin caer en el paternalismo o en el asistencialismo, contenidos tanto de participación en la prosperidad general, de seguridad frente a los riesgos de la vida en sociedad, de equiparación de oportunidades como de compensación o distribución de cargas. Por la concepción material de la igualdad, el grado y tipo de protección requerido varía entre situaciones diferentes, cuando se trata de distribuir y asignar recursos escasos en un contexto en el que existen objetivamente necesidades insatisfechas que el Estado debe prioritariamente atender”[2]. Ello se ve reflejado, entre otras, en el mandato del artículo 13 Superior, según el cual el Estado “promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”, y “protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”; constituye, también, una de las concreciones elementales de los mandatos genéricos consagrados en el artículo segundo de la Carta: “Son fines esenciales del Estado: ...asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Repúbica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (subraya la Sala). También se encuentra reflejada esta posición en lo dispuesto por el artículo 334 superior, según el cual “...el Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos”; en el mandato del artículo 366 de la Carta, que otorga la máxima prioridad al gasto social en los planes y presupuestos de la Nación y las entidades territoriales para la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable de la población; y de manera general, en las múltiples disposiciones constitucionales que protegen los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos de las personas (C.P., arts. 11-82).

De lo anterior se derivan dos clases de deberes diferenciables para el Estado: (i) por una parte, debe adoptar e implementar las políticas, programas o medidas positivas encaminadas a lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades entre los asociados, dando así cumplimiento a sus obligaciones internacionales y constitucionales de lucha contra la pobreza y progresiva satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la población -en aplicación de lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “cláusula de erradicación de las injusticias presentes”-; y (ii) por otra, se debe abstener de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas ostensiblemente regresivos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que conduzcan clara y directamente a generar más pobreza de la que actualmente agobia al país, y agraven la situación de exclusión o marginación de determinados sectores de la sociedad, especialmente de aquellos que se encuentran en condiciones económicas precarias; mucho más si, como consecuencia de tales políticas, programas o medidas, se acaba por empeorar la situación material de quienes ya están en circunstancias extremas de subsistencia
[3]. Por su relevancia para el asunto bajo revisión, estos temas se estudiarán en detalle en el acápite siguiente.

LA PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CONTEXTO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO. Requisitos constitucionales mínimos que deben llenar las políticas, programas y medidas estatales correspondientes.

En virtud del artículo 82 de la Constitución, el Estado tiene el deber de “velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular...”. La consagración de este deber constitucional es reflejo de la importancia otorgada por el Constituyente a la preservación de espacios urbanos abiertos al uso de la colectividad, que satisfagan las diversas necesidades comunes derivadas de la vida en las ciudades y poblados y contribuyan, igualmente, a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, permitiendo la confluencia de los diversos miembros de la sociedad en un lugar común de interacción. Por su destinación al uso y disfrute de todos los ciudadanos, los bienes que conforman el espacio público son “inalienables, imprescriptibles e inembargables” (art. 63, C.P.); esta es la razón por la cual, en principio, nadie puede apropiarse del espacio público para hacer uso de él con exclusión de las demás personas, y es deber de las autoridades desalojar a quienes así procedan, para restituir tal espacio al público en general. Este último deber ha sido desarrollado por varias disposiciones legales, de los órdenes tanto nacional como distrital.

[1] Según un detallado informe publicado por el Banco Mundial en 2002 (GIUGALE, Marcelo; LAFOURCADE, Olivier; y LUFF, Connie -eds.-: “Colombia – The Economic Foundations of Peace”. Banco Mundial, Washington, 2002.), el porcentaje de colombianos que viven en condiciones de pobreza aumentó del 60% al 64% entre 1995 y 1999 –es decir, más de la mitad de la población del país carece de los ingresos básicos indispensables para solventar sus necesidades más apremiantes-; durante el mismo período se observó una duplicación de las tasas históricas de desempleo, y un impacto especialmente adverso sobre ciertos grupos humanos, tales como los niños de corta edad, los adolescentes y la población desplazada.
[2] Id.
[3] Ver, en este sentido, la sentencia C-671 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

PROPUESTA DEL RESUMEN

En esencia ésta propuesta, como su nombre lo indica, entiende el tema de las Ventas Informales en la ciudad como un reto, como un problema para la ciudad, y por ende como un PROYECTO DE CIUDAD, el cual trasciende la temporalidad de la actual administración y va mucho más allá de quienes firman éste convenio, pues requiere la participación masiva y activa de grandes e importantes sectores de la ciudadanía pereirana con su civismo reconocido.

Y, hacemos énfasis en que es sólo el tema de los vendedores informales, o lo que en el argot popular se da en llamar “ventas ambulantes”, porque ésta propuesta, SOLO abordará y se responsabilizará de esa temática, que es sólo una parte, un sector, un área dentro de lo que es la generalidad y macro integralidad del “espacio público” en una ciudad en crecimiento, llamada y retada por el siglo XXI como Pereira.

Tal cual lo planteó en su candidatura el actual señor alcalde, el parámetro que la rige es LA CONCERTACION, es el alejarse de aquellas propuestas que si bien han arrojado experiencias valiosas también en la medida que han consultado poco a los actores directa e indirectamente involucrados en este PROYECTO DE CIUDAD, han estado lejos de dar los resultados esperados.
Ese “momento” el de la “CONCERTACION”, es el momento más importante del proceso, pues es allí, donde las ideas y las propuestas de los vendedores, de los empresarios, de los economistas, de los estudiosos, de las y los ciudadanos se aunarán para encontrar salidas viables a éste fenómeno recurrente. Ello sin olvidar, que el reto del alcalde Londoño, está enfocado en las zonas del Centro de la ciudad y del Sub centro de Cuba, pues se es consciente de la limitación en recursos financieros y espacio-temporales para un abordaje mayor.

Es la CONCERTACION la que analizará y entregará las posibles salidas socio económicas a una problemática que es, precisamente, socio-económica y es allí donde la integralidad de la UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DE RISARALDA con sus programas de

SICOLOGIA
COMUNICACIÓN SOCIAL
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ARQUITECTURA
DISEÑO
Entre otros, se pone a disposición de dicha dinámica, a la cual hemos sumado toda la experticia social de la
FUNDACION CARITAS-DIOCESANA
En medio del convenio marco que la UCPR tiene con la misma.

Nuestros retos para este primer año, son múltiples, pero esencialmente son dos:
A. Dejar sentadas las CONCERTADAS bases de desarrollo de este PROYECTO DE CIUDAD
B. Entregar, al finalizar el año o comenzar el siguiente, los primeros MODELOS o PROTOTIPOS de soluciones a la problemática, concebidas dentro del PROYECTO DE CIUDAD.
OBJETO
Desarrollar la primera etapa (año 2008) del Plan de Manejo Integral de Vendedores Informales para las zonas críticas de Pereira (Centro Tradicional y Subcentro de Cuba) la cual contempla la investigación que consolide un registro actualizado de vendedores informales; la concertación, que convoque a todos los actores involucrados a unas mesas de trabajo; la formulación de diversas alternativas de solución, producto de la concertación, que a su vez cristalicen los primeros productos o soluciones para ofrecer a los vendedores informales y a la ciudadanía en general al final de ésta etapa
ALCANCES
1. Diseño y ejecución del Registro Único de Vendedores Informales de Pereira, RUVIP y análisis de la información de las fichas técnicas.
2. Implementación de un pacto de cumplimiento para ordenar la venta callejera durante el período de preparación de las alternativas de solución.
3. Preparación de las alternativas de soluciones económicas y sociales por parte de los actores que intervienen en LA CONCERTACION para que los vendedores[1] desocupen de forma voluntaria el espacio público
4. Definición de las responsabilidades y compromisos de cada uno de los actores y diseño de una metodología de seguimiento y control.
5. Lanzamiento[2] del programa Guías Ciudadanos como propuesta de apoyo a la generación de empleo para los vendedores en la etapa de transición.
6. Primeros ejemplos de módulos de ventas estacionarias[3] e Inventario de espacios públicos propicios para posibles instalaciones de módulos estacionarios. primeros espacios públicos con ubicación de módulos estacionarios y presentación al sector privado, de la propuesta de concurso público para el diseño masivo de módulos estacionarios.
7. Presentación pública de diseños urbanísticos y arquitectónicos de alternativas de reubicación sobre el espacio público.
8. Inicio de construcción de un proyecto de ciudad con participación de diversos actores comprometidos en la definición, financiación, ejecución y seguimiento de las soluciones a corto y mediano plazo.
DESARROLLO DE LA PRIMERA ETAPA (AÑO 2008)

PRELIMINARES

1. Constitución del CONVENIO DE COOPERACIÓN.
2. Articulación de la propuesta con las POLÍTICAS MUNICIPALES de manejo de la problemática de los vendedores informales (Plan de Desarrollo 2008-2011).
3. Formulación una estrategia general de GENERACIÓN DE CONFIANZA ciudadana en el proceso.
4. Revisión del MARCO NORMATIVO nacional y municipal sobre garantías de derechos fundamentales y preservación del espacio público: leyes, sentencias decretos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones.
5. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA a nivel interno de la alcaldía municipal con sus secretarías y las entidades descentralizadas.
6. Socialización de la propuesta con los principales actores del sector privado que pueden ser agentes que aporten en las posibles soluciones: Cámara de Comercio, Fenalco, representantes del sector educativo, representantes del sector financiero, gremios y todos aquellos que considere la administración municipal. Instalación del COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO.
7. Invitación a los ENTES DE CONTROL para que hagan un seguimiento permanente al proceso.

Duración de la fase: 20 días



FASE 1: INVESTIGACIÓN

video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=GzEg3lbicss


EQUIPO ACADEMICO EN LA UCPR:
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

EQUIPO DE SOPORTE:
FUNDACION CARITAS-DIOCESANA

GESTOR INTERNO: gerente, coordinador del componente social, coordinador operativo Cada vez que sea citada una facultad en el presente texto, se está hablando de su integralidad, con sus programas, sus centros de extensión y ESPECIALMENTE sus grupos de investigación
1. Identificación y delimitación precisa de ZONAS CRÍTICAS de ocupación indebida del espacio público por ventas informales (Centro Tradicional y Subcentro de Cuba).
2. Diseño y ejecución de una estrategia y una metodología de recolección de datos socio económicos de los vendedores informales para registrar el número que ocupan las calles objeto de esta propuesta: creación del RUVIP: REGISTRO ÚNICO DE LOS VENDEDORES INFORMALES DE PEREIRA que ocupan las zonas críticas.
3. Tabulación y análisis de las fichas para generar una CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA producto del RUVIP.
4. SOCIALIZACIÓN DEL RUVIP con los vendedores informales: Reconocimiento de sus líderes y fortalecimiento de su grupo como organización.
5. Propuesta, discusión y construcción colectiva de las condiciones de un PACTO DE CUMPLIMIENTO para el ordenamiento y regulación de las ventas en la calle durante el resto del año o el tiempo que dure el desarrollo de la primera fase del plan.
6. Inicio de los estudios para las alternativas de REDISTRIBUCIÓN SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO y otras opciones de relocalización.
7. Elaboración de la TEMÁTICA DE ESTUDIO y discusión para la etapa de concertación.
8. Socialización de los resultados del diagnótico centrado en la investigación con el COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO.

Productos esperados:
a. Fichas socioeconómicas diligenciadas y analizadas.
b. REGISTRO UNICO DE LOS VENDEDORES INFORMALES DE PEREIRA - RUVIP.
c. Informe de CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA de los vendedores informales.
d. Borrador del PACTO DE CUMPLIMIENTO entre los vendedores informales y la Alcaldía de Pereira.

Duración de la fase: 45 días.

FASE 2: CONCERTACIÓN

EQUIPO ACADEMICO EN LA UCPR:
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
(APOYO) FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

EQUIPO DE SOPORTE:
FUNDACION CARITAS-DIOCESANA

GESTOR INTERNO: gerente, coordinador del componente social, coordinador del componente técnico, coordinador operativo

1. Puesta en marcha de las MESAS DE TRABAJO y la MESA DE CONCERTACIÓN que permitan recoger las ideas e inquietudes para llegar a acuerdos sobre las posibles ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN a la problemática objeto de esta propuesta.
2. Definición de los COMPROMISOS de cada uno de los actores participantes en la concertación.
3. Diseño de una estrategia de SEGUIMIENTO al cumplimiento de los compromisos.
4. Discusión de las propuestas de implementación de PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO al núcleo familiar del vendedor informal.
5. Convocatoria a TALLERES DE IDEAS para recopilar información útil para la ejecución de los diseños de alternativas de redistribución sobre el espacio público.
6. Socialización de los resultados de la concertación con el COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO.
7. Firma del PRIMER PACTO DE CUMPLIMIENTO entre el señor Alcalde y los representantes designados por los vendedores informales.
8. Socialización del Primer Pacto de Cumplimiento ante la ciudadanía.
Productos esperados:
a. PRIMER PACTO DE CUMPLIMIENTO.
b. Publicación y distribución entre la ciudadanía de una PIEZA COMUNICACIONAL con las condiciones del pacto de cumplimiento.
c. Informe de Identificación de las ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN concertadas.
d. Oferta institucional pública y privada de apoyo a las soluciones.

Duración de la fase: 60 días




PRIMEROS RESULTADOS Y PLAN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION.


Imagen de Equipo de Diseño UCPR-Convenio



EQUIPO ACADEMICO EN LA UCPR:
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
FACULTAD DE ARTES (ARQUITECTURA)








(APOYO) FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

EQUIPO DE SOPORTE:
FUNDACION CARITAS-DIOCESANA

GESTOR INTERNO: gerente, coordinador del componente social, coordinador del componente técnico, coordinador operativo





SUB FASE : PLAN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION




1. Seguimiento y control al PACTO DE CUMPLIMIENTO con los vendedores informales. Nombramiento de vigías o veedores por parte del comercio formal.

2. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD de las posibles alternativas propuestas y concertadas en las mesas, éstas PODRÍAN incluir:

*Diseño y preparación de ALTERNATIVAS DE EDUCACIÓN: elaboración de convenios con instituciones educativas
*Continuidad de los estudios para la formulación de diseños y estudios de alternativas para la REUBICACIÓN O REDISTRIBUCIÓN DE LOS VENDEDORES INFORMALES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO.
*Estudio de una LÍNEA DE CRÉDITO BLANDO para vendedores informales.
*Estudio de posibles nichos que puedan generar OFERTAS DE EMPLEO para los vendedores con el sector empresarial.
*Preparación de los apoyos institucionales y empresariales para la GENERACIÓN DE MICROEMPRESAS.
*Diseño de un programa institucional de vinculación de población vulnerable como servidores públicos: PROGRAMA GUÍAS CIUDADANOS.

3. Inicio de la coordinación con las INSTITUCIONES COMPROMETIDAS en el proceso para la ejecución de las alternativas que tengan viabilidad concertadas en las mesas y socializadas ante el Comité de Acompañamiento.
4. Generación de borradores de los convenios que comprometan a las instituciones en las diferentes alternativas.
5. Socialización y publicación de los resultados.
6. Gestión del PROYECTO SEMILLA con el primer grupo beneficiario de la aplicación de una alternativa de solución. Inauguración.

Duración de la fase: 60 días




Productos esperados:
a. INFORME FINAL que contenga el PLAN DE ALTERNATIVAS donde se describan sus objetivos, beneficiarios, alcances, coberturas, plazos y obligaciones.
b. PROYECTOS URBANÍSTICOS Y ARQUITECTÓNICOS: para la redistribución de vendedores sobre el espacio público, bulevares temáticos o pasajes comerciales cubiertos.
c. DISEÑO DE MÓDULOS DE VENTAS ESTACIONARIAS Y ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS.
d. PROYECTO SEMILLA.




SUB FASE : PRIMEROS RESULTADOS:

1. Una vez estudiadas y analizadas las propuestas presentadas y recomendadas por el área técnico-operativa basadas en el estudio de reconocimiento y levantamiento catastral, con el cumplimiento previo de la normatividad vigente y el POT, como producto de las mesas de concertación se determinarán cuales serían los espacios donde se ubiquen los módulos estacionarios del centro tradicional tanto en los antiguos utilizados como en los nuevos que resultaren.

2. Con base en el trabajo y gestión realizada por el área social y la alcaldía ante la banca pública y privada y, mediante convocatoria amplia realizada por el área de comunicaciones, se dará a conocer la nueva línea de crédito que servirá de apoyo a la solución de la problemática económica del vendedor informal localizado en el espacio público del centro tradicional.

3. Partiendo de las propuestas y la gestión realizada por el área social del proyecto ante el SENA, instituciones educativas de primaria, secundaria técnicas y Universidades de la ciudad, los primeros convenios serán firmados con la alcaldía a fin de capacitar los vendedores informales que hayan sido seleccionados en la mesas de concertación como pilotos de esta solución social.

4. En los espacios comprados por MEGABUS y localizados en:
La esquina de la calle 24 con carrera 6a
La calle 24 con carrera 10ª esquina
La calle 13 con carrera 6ª esquina
La calle 14 con carrera 6ª esquina
Proponer el diseño de módulos estacionarios a fin de reubicar en estos lugares aquellos vendedores que opten por continuar en la calle pero en forma ordenada y bajo la normativa de la administración municipal.

5. REMANENTE DEL PUENTE PEATONAL DE LA AVENIDA DEL FERROCARRIL ENTRE CARRERAS 7ª Y 8ª: Se propondría la utilización del espacio que se encuentra en el lado occidental del puente peatonal de la Avenida del Ferrocarril con carrera 7ª y 8ª donde llegan por obligación las personas que se desplazan desde la comuna de Villavicencio hacia el centro de la ciudad y viceversa, haciendo uso del mencionado puente peatonal y que hoy se encuentra sin utilización alguna, mediante el levantamiento del lote y posterior diseño de módulos para vendedores informales que hoy se encuentran ocupando la zona de influencia del parque La Libertad.

6. MODULOS ESTACIONARIOS: Propuesta de revisión de los espacios ocupados por los módulos estacionarios que actualmente se ubican en el espacio público del centro tradicional a fin de estudiar la posibilidad de mejorar ordenamiento, tamaño, ubicación y cantidad, teniendo en cuenta como posible solución los nuevos espacios que se determinen del análisis.

7. En general esta sub fase, pretende ser una síntesis de todos aquellos procesos que sean capaces, como su nombre lo indica, de presentar los primeros resultados.




Productos esperados
a. primeros espacios públicos con ubicación de EJEMPLOS de módulos estacionarios.
b. Presentación pública del estudio de una línea de crédito para vendedores informales.
c. Primeras capacitaciones: elaboración de convenios
d. Primeras ofertas de empleo para los vendedores.
e. Primeros apoyos institucionales y empresariales para la generación de empresa.
f. Presentación pública del diseño de programas institucionales de promoción de la población vulnerable: Programa Guías Ciudadanos.