Capítulo 4. CULTURA CIUDADANA,
AUTOREGULACION Y CONTROL
El trabajo de
la mesa de cultura ciudadana, autorregulación y control se dividió, con el fin
de obtener mejores resultados, en tres (3) sub mesas que deliberaron con la
presencia de representantes de la sociedad civil entre ciudadanos comprometidos
con los procesos de ciudad y comerciantes en calle, la Cámara de Comercio,
organizaciones cívicas, el gobierno municipal y la Personería de Pereira.
Las sub mesas
que se crearon atendieron los distintos temas propuestos, así: regulación,
autorregulación y cultura ciudadana.
Al
inicio de los trabajos la mesa consideró conveniente crear una comisión especial para
el análisis del Registro Único de Vendedores Informales de Pereira – RUVIP -,
en la seguridad de que el examen del mismo contribuiría sin duda a dar claridad
acerca de la legitimidad que pueda reconocerse a quienes desde el comercio en
calle ocupan el espacio público en el centro histórico de Pereira y el sub
centro de Cuba.
Las
conclusiones de la Comisión Especial Para El Estudio Del RUVIP integrada por
la Personería Municipal, la Cámara de Comercio y la Secretaría de Gobierno,
aparecen en acta de la cual es depositaria la Personería Municipal. En general
se encontró que el RUVIP levantado por la Universidad Católica de Pereira,
entregado en medio digital a la Secretaría de Planeación Municipal el 12 de
febrero de 2010, ha sido modificado con posterioridad, incluyendo nuevos
registros. A éste respecto, la Personería Municipal encuentra atendible la
recomendación de la Comisión en el sentido de revisar los documentos entregados
por la Secretaría de Planeación a la de Gobierno como consecuencia de la
expedición del Decreto Municipal 627 del 6 de agosto de 2012, para determinar
con exactitud si los registros adicionales corresponden a las solicitudes de
inclusión formuladas a la primera por los vendedores, dejando constancia de que
en todo caso, no hay evidencia de que la Mesa de Acompañamiento del Pacto
Cívico, MAPACI, haya estudiado la incorporación de personas en el RUVIP como se
entiende era necesario de conformidad con lo previsto en el Decreto Municipal
401 de 2010.
A continuación
se presentan de manera esquemática y en apretada síntesis, los planteamientos
hechos en las reuniones y las principales conclusiones de cada una de las sub
mesas, no sin antes resaltar el liderazgo y compromiso de todos quienes
participaron en sus deliberaciones, especialmente los representantes de la Sub
Secretaría de Cultura Ciudadana, la Cámara de Comercio, la Empresa de Aseo de
Pereira S.A., la Veeduría Ciudadana de la Circunvalar, Pereira Cómo Vamos,
Sindivendedores, Asocarvin, el Colectivo de Comidas y Bebidas, Corpovendedores,
la Secretaría de Gobierno y la Personería Delegada para lo Civil, Medio
Ambiente y Urbanismo de la Personería Municipal de Pereira.
El resumen se
presenta a partir de la concepción de que el tema de la ocupación o uso del
espacio público es un tema de CULTURA
CIUDADANA, la cual construye procesos de AUTOREGULACION que cuando se incumplen, requieren la puesta en
marcha de mecanismos de CONTROL.
1- Sub Mesa De Cultura
Ciudadana
“EL ESPACIO PUBLICO NO SE NEGOCIA”
Como objetivo principal la sub mesa plantea algunas
propuestas en materia de
convivencia - cultura ciudadana y legalidad, orientadas al mejoramiento del
espacio público y los usos que sobre él se desarrollan.
Primero se resignifica el
concepto ¿Qué es cultura ciudadana? partiendo de la definición del
equipo liderado por Antanas Mockus según la cual “Como cultura ciudadana se entienden los programas, acciones o proyectos
que involucran la participación de todos los ciudadanos, independientemente de
su rol social. Los proyectos de cultura ciudadana han sido creados con el fin
de inventar o adaptar mecanismos que permitan la transformación de los
comportamientos de la ciudadanía. La cultura ciudadana se centra en dos
objetivos fundamentales: en primer lugar, aumentar la capacidad de los
ciudadanos de cumplir y cooperar de manera voluntaria y, en segundo lugar,
aumentar la regulación social por medio de la armonización de desarrollos
formales (jurídicos) con sus correlatos informales (regulación cultural y
moral), para lograr así comportamientos, actitudes y justificaciones de la
gente que sean congruentes con las políticas públicas.”. [2]
La participación de todos los ciudadanos y los vendedores que hoy ocupan
el espacio público en la solución de un problema que es problema de CIUDAD, más
que útil, es necesaria.
Frecuentemente, la falta de colaboración de unos pocos o de un sector
representativo del grupo de vendedores puede llegar a imposibilitar la
consecución de dicho objetivo.
Los problemas sociales donde se requiere compromiso de la mayoría para
alcanzar un objetivo común son conocidos como problemas de acción colectiva que
desde nuestra perspectiva pueden mitigarse
con estrategias de CULTURA CIUDADANA.
El concepto de acción colectiva es usado hoy día por científicos
sociales como Jon Elster para mostrar las complejidades de la cooperación
humana en la consecución de objetivos de beneficio colectivo. Hay un problema
de acción colectiva cuando hay un bien de interés general cuya consecución
requiere la cooperación de las personas, pero cada persona tiene un incentivo
particular para no colaborar y esperar que los demás lo hagan. El reto es
lograr entonces que la mayoría de involucrados coopere, ya que estamos ante un
problema de acción colectiva en el municipio de Pereira.
Que las políticas y los marcos nacionales que enfatizan la justicia
social y la inclusión son esenciales en el tema de “Espacio Público”, complementados por el gobierno municipal, la
ciudadanía, los vendedores formales e informales con estrategias y actividades que apunten a
la reducción de la ocupación desordenada y en muchos casos irregular del
espacio público.
El reto de la administración municipal es reducir la ocupación indebida o ilegal del espacio público de forma sustentable sin lesionar los
derechos de los y las ciudadanas del municipio; esto requiere articular
firmemente la cultura ciudadana y la cultura de
la legalidad, con el mejoramiento y reforzamiento de las condiciones de vida de los y las vendedoras
informales, formales, estacionarios y ambulantes que ocupan el espacio público.
El objetivo de este documento es
poder plasmar una CAJA DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS para ser socializadas y apropiadas por la
administración y los vendedores formales e informales frente el tema del espacio público en Pereira
con estrategias sostenibles en el tiempo como:
-
Campañas ciudadana para prevenir la comercialización (ventas,
arrendamientos, cesiones) de espacios públicos.
-
Campañas ciudadanas dirigidas a la utilización del comparendo ambiental
(disposición de residuos) en el espacio público por parte de vendedores
informales.
-
Campañas ciudadanas dirigidas a los vendedores informales en aras de que
den cumplimiento a las condiciones autorizadas para su actividad (ejercicio del
comercio y salubridad).
-
Campañas dirigidas al comercio formal para que se prevenga la ocupación
de espacios públicos (andenes, antejardines, entre otros).
-
Campañas dirigidas al comercio formal e informal respecto a la
prohibición en el uso de elementos amplificadores de sonido y niveles excesivos
de ruido.
-
Campañas dirigidas a la conformación responsable de organizaciones de
vendedores informales (junta directiva, asambleas, estatutos), en aras de
lograr una correcta representación de los vendedores informales.
-
Fomentar las acciones de autorregulación y control que sean generadas en
las Subcomisiones de Control y Autorregulación.
-
Campañas ciudadanas en materia de mejoramiento de la movilidad peatonal
y vehicular y la prevención en la ocupación indebida de espacios.
-
Campañas en materia de legalidad respecto a la definición de conceptos y
reglas claras en el espacio público (conceptos, usos, entre otros).
-
Campañas ciudadanas para el mejoramiento de la apropiación social y
cultural de los ciudadanos y los vendedores.
-
Promoción del espacio público como elemento o derecho fundamental de la
ciudad.
-
Campañas en materia de programas de seguridad y convivencia entre los
vendedores informales.
-
Gestionar ante el Ministerio de Cultura asistencia técnica y recursos
para programas de cultura ciudadana y cultura de la legalidad, para desarrollar
intervenciones permanentes en el espacio público.
-
Campaña de medios “EL ESPACIO PUBLICO NO SE NEGOCIA”, como un acto
pedagógico de reconocimiento al espacio público y como un punto de encuentro de
derechos. Allí, debe ser claro el mensaje comunicativo de territorio LEGAL y no
de parcelación arbitraria e informal. Recuperar y revivir el significado del
espacio público, no como espacio comercial, sino como espacio de movilidad y
seguridad peatonal. Resignificación alrededor del ornato, el embellecimiento, la
funcionalidad y ordenamiento de la ciudad.
-
Total apoyo comunicacional y publicitario a los programas de reubicación
de los vendedores informales. Un acuerdo crucial es el acompañamiento de la institucionalidad
a los nuevos destinos comerciales que legal y formalmente sobrevendrían al
“PACTO CIVICO”. Una gran motivación y movilización pedagógica a la ciudadanía
sobre los nuevos puntos de venta de las otrora ventas informales, ayudará a la recomposición, reposicionamiento y
normalización “LEGALIZACION” de esta
actividad económica.
-
Podría crearse la MESA PERMANENTE de acompañamiento en cultura ciudadana
para garantizar el cumplimiento de los puntos acordados en el PACTO CIVICO y /o
podríamos proponer la creación del OBSERVATORIO DEL ESPACIO PUBLICO como una iniciativa de sostenibilidad de este
proceso y con apoyo de la academia
1. Sub Mesa De Autorregulación
De la sub- mesa de autorregulación hicieron parte ciudadanos interesados
en el tema, la Veeduría de la Circunvalar, la Cámara de Comercio de Pereira,
Pereira Cómo Vamos y representantes de las organizaciones de ventas en calle.
Los esfuerzos de la sub mesa de autorregulación se orientaron a lograr
una mejor comprensión de la problemática relacionada con la importancia de la
norma como factor de convivencia y las diversas formas del comportamiento
individual frente a las regulaciones y a los bienes públicos, ambos conceptos
pilares de la regulación y la autorregulación.
Según se reveló en la sub mesa, estudios de cultura ciudadana en Pereira
muestran que si bien el 95% de lo pereiranos están dispuestos a suscribir
acuerdos, solo un 50% los cumpliría efectivamente; además, más del 50% de los
pereiranos encuentran justificaciones de orden económico, social y/o cultural
para transgredir las normas.
Las cifras expuestas fueron refrendadas en las reuniones de la sub mesa
por parte de los actores presentes que relataron la forma como de manera
permanente se incumplen los compromisos acordados tanto por parte de los
comerciantes en calle como por la administración y otros importantes actores,
incluyendo el comercio formal, lo que ha
generado un clima de desconfianza y escepticismo frente a si instrumentos como
el “Pacto Cívico” sean la respuesta adecuada para la coyuntura actual.
La sub mesa concluye que la eficacia del “Pacto Cívico” para regular el
comercio en calle está supeditada necesariamente a una transformación cultural
en cuanto se refiere a la valoración, respeto y cumplimiento de las normas.
Partiendo de la base de que la eficacia de las normas en cuanto a hacer
posible la convivencia en los territorios depende, por una parte, de su
legalidad, referida a su fundamento jurídico, y de la otra, de la legitimidad,
que nace del hecho de que la misma comprometa a toda la comunidad en su
cumplimiento porque es aceptada como la forma de lograr que el bien común
prevalezca sobre los intereses individuales, particulares o privados, es
necesario trabajar en crear coincidencias entre pretensiones y aspiraciones
individuales y el bien común en el entendido de que optar por el bien común
impone deberes, obligaciones y sacrificios que los ciudadanos están dispuestos
a aceptar solo bajo la circunstancia de que no existan ventajas para algunos y
se eliminen las transgresiones.
Cuando no se tiene una respuesta oportuna que sancione o descalifique la
transgresión ese comportamiento que finalmente sigue la línea del menor
esfuerzo, se difunde y generaliza rápidamente a todos los actores.
Bajo las premisas anteriores, la mesa identificó, en principio, tres
grupos de comportamientos transgresores que es necesario combatir, a saber:
Comportamientos Transgresores
|
||
|
GRUPO I
|
GRUPO II
|
GRUPO III
|
|
Desde el Espacio Público
|
Desde las Finanzas Públicas
|
Desde la Función Pública
|
|
Utilización Indebida
Ocupación Indebida
Actividades Indebidas
|
Utilización Indebida
Asignación Arbitraria
|
Carencia de Criterios Unificados
Arbitrariedad en Medidas y Procedimientos
|
Estas y otras formas de transgresión se combinan y potencializan
constituyéndose en un obstáculo casi insalvable para abordar la problemática
del comercio en calle; el
desconocimiento o la ruptura de lo pactado por uno o varios de los actores es
suficiente para que todos los esfuerzos se desvirtúen y los procesos retornen
al punto de partida.
Dicho esto, se entiende que las formas de transgresión descritas deben
ser reconocidas como variables a tener en cuenta en cualquier examen de la
problemática actual, dándoles el peso que puedan tener en cuanto al avance del
proceso de continuación y consolidación del “Pacto Cívico” siendo en este punto precisamente donde el
tema de la autorregulación cobra
toda su importancia; sin embargo ha de
aceptarse que la autorregulación no se logra mediante decretos o actos formales
sino que requiere disposición de ánimo,
confianza entre los actores y la implementación
de estrategias formativas para lograr cambios efectivos en las actitudes y
comportamientos.
La estrategia formativa es de carácter pedagógico y se logra con aportes
de la academia desde todas las disciplinas del conocimiento que le apuntan a los
cambios de comportamientos individuales y colectivos.
Frente a la intervención que se requiere para dejar atrás este tipo de
comportamientos arraigados moral y culturalmente, considera la sub mesa que las
campañas de información y sensibilización que hasta ahora se han desarrollado
no tienen la profundidad ni el alcance necesarios que permitan la transición de
comportamientos transgresores a comportamientos autorregulados.
Considera la mesa además que darle al tema de la autorregulación toda la importancia que amerita no deja por fuera
consideraciones como las que a continuación se hacen y que deben ser tenidas en
cuenta al formular políticas y programas
de recuperación del espacio público ocupado por el comercio en calle:
-
El que un porcentaje considerable de la fuerza productiva de la ciudad
esté dedicada a actividades de autoempleo, subsistencia, rebusque e
informalidad debería inducir en la dirigencia política, empresarial y
gubernamental de la ciudad una juiciosa reflexión acerca de sus presupuestos
conceptuales y estratégicos desde los cuales lideran el desarrollo económico y
social de la ciudad.
-
Por parte de cada ciudadano pereirano hay reflexiones que hacer y
decisiones que tomar en cuanto a si la sociedad que estamos construyendo basa
su convivencia en la vigilancia, el control y la sanción o si le apostamos a la
autorregulación como el comportamiento que individual y colectivamente abre una
vía más eficaz y responsable para lograr mejores niveles de convivencia, de
orden, de seguridad y de progreso.
-
Se hace necesario por parte de los ciudadanos asumir que el comercio en
calle es una dinámica que responde a la demanda de compradores en calle; si
aceptamos que la demanda induce la oferta podemos ser más coherentes entre la
ciudad que queremos y la ciudad que tenemos, pues no es posible aspirar a
contar con una ciudad ordenada cuando nuestros propios comportamientos como
ciudadanos no respetan el espacio público y sus normas de ordenamiento.
RECOMENDACIONES:
Hechas
las anteriores consideraciones los integrantes de la sub mesa de
autorregulación recomiendan construir consensos que comprometan a todos los
actores alrededor de las siguientes premisas:
-
Entender y asumir que la
autorregulación es un “proceso de acatamiento voluntario de la normatividad
vigente”.
-
Aceptar que las actividades que comprometen el uso y aprovechamiento del
espacio público deben estar sujetas a procesos de regulación y control.
-
Entender y asumir las normas
tanto de origen moral como cultural y legal.
-
Reconocer como válida la normatividad vigente, especialmente en los
siguientes aspectos:
o Sobre las limitaciones para
la ocupación del espacio público.
o Sobre la legalidad del
origen y producción de los bienes y servicios que se ofrecen.
o Sobre la localización y
características de los dispositivos que se usan para el ejercicio comercial.
o Sobre higiene, salubridad y
sanidad de los productos que se expenden.
-
Reconocer, respetar y ejecutar los acuerdos suscritos dentro del Pacto Cívico de 21 de abril de 2009.
-
Exaltar tanto desde las organizaciones del comercio formal como del
informal, los comportamientos altruistas, promover la cooperación y
desestimular los comportamientos transgresores.
-
Asumir, desde la Administración Municipal, a través de los agentes que
la representan, compromisos de respeto por la normatividad vigente y los pactos
suscritos, actuando con transparencia, coherencia y con sujeción a los
protocolos y procedimientos preestablecidos.
3 Sub Mesa De Control
Se discutió ampliamente sobre la necesidad de
que en general los ciudadanos, pero de manera especial las personas que ejercen
el comercio en calle, conozcan en detalle la reglamentación sobre su ejercicio
y los distintos instrumentos de carácter legal de que dispone la administración
para su control y la consecuente recuperación del espacio público ocupado. En
éste orden de ideas, se procedió al análisis de las normas de policía vigentes
que permiten el accionar de la administración, a partir de documento presentado
por la Secretaría de Gobierno.
Las RECOMENDACIONES de la sub mesa se
resumen así:
Expedición de un protocolo que contenga los
procedimientos de recuperación y/o restitución del espacio público ocupado por
el comercio en calle, que tenga por objeto:
-
Garantizar la debida publicidad de la
regulación normativa.
-
Establecer reglas claras para el ejercicio de
las funciones de control.
-
Garantizar la protección del principio
constitucional del debido proceso en las actuaciones relacionadas con el
comercio en calle.
-
Prevenir la ocurrencia de hechos perturbadores
del orden público.
-
Lograr la eficiencia y eficacia en el control.
-
Dar cumplimiento a las pautas trazadas por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en materia de
recuperación del espacio público y tratamiento a las ventas informales.
El protocolo “Por medio del cual se reglamenta el procedimiento policivo de
recuperación y/o restitución del espacio público en el Municipio de Pereira”
debe recopilar las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Código Nacional de
Policía, las de la Ordenanza 014 de 2006 (Manual de Policía y Convivencia
Ciudadana para el Departamento de Risaralda) y los Decretos Municipales que
regulan la actividad, incluyendo, con relación a estos últimos, las
modificaciones a que haya lugar como resultado de los procesos de concertación
y contener como mínimo:
-
Autoridades competentes.
-
Identificación y legalidad de los elementos constitutivos de la
contravención.
-
Actuación administrativa y formas de iniciarla.
-
Términos de las etapas del procedimiento para la recuperación del
espacio público y ejercicio del derecho de defensa.
-
Pruebas y forma de practicarlas.
-
Incautación de elementos y disposición de los mismos. Cadena de custodia
de los elementos incautados. Casos en que procede la devolución. Procedimiento
para la devolución de elementos
incautados.
-
Procedimiento en caso de mercancías de prohibida tenencia o
comercialización. Destino de las mismas.
-
Ocupación autorizada del espacio público y ejercicio de la actividad por
terceras personas en caso de imposibilidad del titular del permiso para atender
la actividad por razones de fuerza mayor.
-
Medidas sancionatorias. Recursos.
-
Actuaciones de los controladores de espacio público. Competencias y facultades.
-
Otras propuestas para la reglamentación (tratamiento a vendedores de
otras ciudades, temporadas, ferias, implementación del registro de sanciones
y/o diligencias, por ejemplo).
Un documento borrador del protocolo fue
revisado cuidadosamente por la sub mesa de control, empero, se encuentra a estudio
de la Secretaría de Gobierno junto con las observaciones hechas por parte de
representantes de las organizaciones de vendedores informales, entre ellas Asocarvin, Asociación Colectivo de Comidas y
Bebidas y Sindivendedores, así como de la Personería Municipal de Pereira, a
través de su delegado, y se propone que una vez perfeccionado sea puesto en
conocimiento de la ciudadanía colocándolo a su disposición a
través del sitio web de la alcaldía para recibir comentarios y realizar ajustes
antes de someterlo a los procedimientos necesarios para convertirlo en norma municipal.
PUNTUALIZACION
La Personería
Municipal insistió en distintas reuniones de la mesa y las sub mesas sobre la
necesidad de que la administración retome los acuerdos logrados con los
comerciantes en calle y que dieron lugar al “Pacto Cívico” suscrito en Pereira
el 21 de abril de 2009; de igual manera planteó la necesidad de que las
acciones de recuperación del espacio público se ciñan estrictamente a las
recomendaciones que han sido formuladas por la Corte Constitucional,
especialmente en la sentencia de unificación 360 del 19 de mayo de 1999; de
otro lado consideró que debe establecerse la carga soportable de ocupación del
espacio público por particulares en cada unidad de planificación por lo que el
POT debería ocuparse del tema, señalando además la meta anual de recuperación
durante su vigencia, lo que implica asignar responsabilidades medibles a la
administración municipal.
La propuesta presentada por la Personería incluye además la
recomendación de que el proceso de recuperación del espacio público ocupado por
el comercio en calle no se haga por cuadras como hasta ahora se ha planteado,
sino retirando a los vendedores sin importar su ubicación actual, iniciando,
por ejemplo, con quienes no están amparados por el principio de confianza
legítima, siguiendo con los que ya
recibieron ayudas del estado y han reincidido en la ocupación y continuando con
quienes desean dejar la actividad o incorporarse al comercio formal. Después de
la depuración pueden hacerse las reubicaciones que sean necesarias.
[1] Este
resumen general fue elaborado a partir de los sectoriales entregados por los
gestores de las sub mesas, Leonor Mary Marmolejo, Luz Estella Loaiza, Sebastián
Madrid y Janeth Hincapié Noreña, compilado y estructurado por Néstor Javier
Arango Arias con el acompañamiento de Orlando Parra G.
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