Experimentar, hasta que haya aciertos

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En el manejo del espacio público, no está escrita la última palabra. Cada Nación ha hecho un recorrido de años, para llegar a lo que hoy se tiene.

Por ejemplo, en los Estados Unidos, salvo en las ciudades más ‘latinizadas’, el espacio ocupado por las ventas de calle es de los más caros que se puedan encontrar. El que vende paga por estar donde está.

En toda América del Sur, las ventas informales en el espacio público están ligadas indefectiblemente a negocios ilegales como el contrabando y al desempleo y las migraciones rurales hacia las ciudades. En Colombia, esta migración estuvo empujada a la fuerza, por la presencia de la guerrilla en las zonas rurales.

Por eso es que hay que ensayar propuestas, hasta dar con la más favorable para todos, especialmente para los ciudadanos en general y no sólo para una de las partes.

Pereira construyó y tumbó bazares populares en los que invirtió más de 5 mil millones de pesos. Ahora intentará la solución de módulos diseñados por arquitectos de la Católica, como parte del programa integral de atención. La ciudadanía espera que esta vez sí de buenos resultados y que se prolonguen en el tiempo, para bien de todos.

Ayer fueron presentadas las experiencias de Quito, Ecuador y algunas ciudades colombianas en la solución al manejo de las ventas informales en el espacio público. En Quito, por ejemplo, hay la posibilidad de expropiar bienes privados para el beneficio social del espacio público, además la ciudad realizó una inversión de 104 millones de dólares para mejorar el espacio para 3 mil vendedores. En el vecino Ecuador, afectado también por el contrabando, prefieren abrirle espacios al vendedor en la zona céntrica.

En Pereira, es sintomático, por ejemplo, según algunas de las conclusiones de la información recolectada por la Católica, en el proceso para el pacto cívico, que al año haya ventas por más de $24 mil millones en las calles.

Ahora solo resta esperar los resultados de la intervención a esa población, para lo cual se han pagado tres convenios que suman $1.300 millones