EXPOSICION DE MOTIVOS INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO DE PEREIRA

Honorables concejales, la presente propuesta de acuerdo, tiene como fundamento reconocer las Experiencias Acumuladas por el estado local en el tema del espacio público, especialmente en lo relacionado con sus procesos asociados al centro histórico, y últimamente, al reconocimiento de otros centros, tales como el subcentro de la ciudadela cuba.

Consideramos que todos los esfuerzos han sido valiosos, desde el esfuerzo en la administración de Juan Guillermo Ángel, hacia 1984 que concentro los vendedores en elParque La Libertad y luego los trasladó a lo que se llamó el Centro Comercial Popular San Andresito, pasando por el liderado por Ernesto Zuluaga Ramirez, 1992-4, que conllevó el esfuerzo del CC La 17; el gran esfuerzo desarrollado en la alcaldía de Martha Helena Bedoya, que hacia el 2002 apuntó a organizarlos en Cooperativa que activaran Bazares, algunos de ellos visibles hoy; el proceso de reestructuración de la Secretaria de Gobierno donde se reconfigura el área encargada, hasta el ejercicio con Juan Manuel Arango, hacia el2007 que nos lleva al Centro Comercial de la Calle 13 entre otros. Todos esos esfuerzos han aportado al tema pero han carecido de CONTINUIDAD estratégica y de abordaje INTEGRAL a una situación que va desde lo jurídico policial, de problemas estructurales combinados hasta lo socio económico cruzada tanto por aspectos de Desempleo; Contrabando / Lavado de Activos; como de Ausencia de ORDEN estatal, los cuales requieren el fortalecimiento del estado local y el enlace con las responsabilidades del estado nacional

Es bueno resaltar que durante estos años también se han realizado esfuerzos que superan la compleja particularidad de los centros y subcentros asociados al comercio en calle, para trascender a otros desarrollos tales como los parques comunitarios,etc; de igual manera pensamos que es necesario realizar reflexiones sobre el efecto que para estos ejercicios han tenido situaciones como la desaparición del Instituto Municipal de Parques. Este Acuerdo, pretende, a su vez, fortalecer esa generalidad.

Con el aval y el respaldo de ustedes, la administración actual, impulso los procesos implícitos del Cambio de Normas para estas situaciones que se sintetiza en la SENTENCIA T-772 DE 2003 y subsiguientes de la Corte Constitucional.

Esa sentencia, es clara en decir que “Las autoridades sí tienen el deber y la potestad constitucionales de adelantar políticas, programas y medidas orientadas a recuperar y preservar el espacio público” ordenando a su vez: Debido Proceso, Respeto Confianza Legítima, derecho al mínimo vital, Prioriza Estacionarios y Semiestacionarios; el seguir PASOS tales como 1. Estudios “análisis cuidadoso” “seguimiento y la actualización necesarios”; 2.” garantice la participación efectiva de los representantes de los vendedores informales en los procesos de evaluación, seguimiento y formulación” ; 3. “ provisión de alternativas económicas ”; 4. Ejecución de alternativas con “anterioridad” al “desalojo y decomiso tendientes a recuperar el espacio público” ; 5. Acompañamiento a las alternativas y a los espacios armonizados

Los convenios interadministrativos donde aunamos aportes con la UCPR realizaron los primeros estudios y herramientas como el Registro Único de Vendedores Informales en Pereira RUVIP (originalmente para el Centro Histórico y el Subcentro). Cabe resaltar que entonces el RUVIP se debe complementar espacialmente, y tal cual ordena la corte, actualizarlos; dicho convenio construyó complejos espacios de participación y concertación Estado-Vendedores-Gremios, diseñó alternativas espaciales, económicas, sociales, etc : reflejándose ello en EL PACTO CIVICO firmado en Abril del 2008. Dicho PACTO establece procesos anuales. Se firmó para el Centro Histórico y para Cuba. Falta el resto de la ciudad. Y, fundamentalmente requiere instrumentos institucionales municipales que aseguren su CONTINUIDAD y ejecución

Con vuestro apoyo, honorables concejales, también hemos hecho pequeños, pero significativos avances en la institucionalidad: el Acuerdo 078/08, los Decretos 400 y 401/10 también. Además es bueno resaltarlo son fuente de financiamiento municipal por el control tributario al uso y aprovechamiento económico del espacio público, empero somos conscientes que carecen de instrumentos o dolientes que los operativizen y dinamicen.

El presente acuerdo busca crear la institucionalidad que rescatando nuestro civismo, nos coloque al nivel del orden de las ventas callejeras o del comercio en calle que tienen las naciones desarrolladas, esto es, asegurar que en el momento en que todo ciudadano (a), de cualquier estrato social, con intenciones de acceder al comercio en cualquier calle de la ciudad –tanto de sus centros y subcentros como de los barriales, corregimentales, etc- buscando bien su Mínimo Vital, o tras propósitos de desarrollo empresariales, tenga claro –por haber recibido e interiorizado la información- que ANTES de acceder al espacio público, a la posibilidad comercial callejera TENDRA que visitar la institución encargada, el INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO y será esta, y NO la anarquía actual, la que le dirá los espacios y los tiempos donde podrá (o NO) ejercer (temporalmente) su iniciativa.

La esencia de la propuesta, en términos sencillos, es superar lo que los académicos empiezan a llamar el “tubo bloqueado”. La concepción que considera que cuando un “ciudadano A” decide utilizar la oportunidad comercial anárquica de nuestras calles, ingresa a un “tubo callejero”; después, cuando llegan los demás ciudadanos, el b, el c…hasta la Z… se van acumulando a lo largo del tiempo, pero en el mismo espacio: encerrados dentro del “Tubo Callejero” …un “tubo bloqueado”

Se considera entonces que el estado debe buscar la salida al “Tubo Callejero Bloqueado” Hacer consciente al ciudadano que el “Tubo Callejero” es un espacio supremamente reducido –los centros históricos y subcentros callejeros comerciales poseen espacios públicos reducidos- en el cual debe pasar, debe moverse a la “salida del tubo callejero”. El estado, entonces, debe propiciar los procesos económicos, pedagógicos, y culturales que le ofrezcan a esos ciudadanos la posibilidad/obligación de “descongestionar el tubo callejero”. El estado debe ser claro con el ciudadano: desde el momento en que ACEPTA (o NO) por mínimo vital (o empresarismo) su ingreso (o no) al “tubo callejero” que este es un momento transitorio, donde debe iniciar paralelamente diversos procesos que lo conduzcan a la “salida del tubo callejero” (se proponen máximo dos años)