A nivel legal el manejo de los vendedores informales plantea un pulso entre el derecho al trabajo y la garantía de que el espacio público se destine a usos de interés general y no particular. A lo primero se refiere la jurisprudencia de la sentencia T 772-03 (que antepone la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de los informales), y a lo segundo se refieren desde la Constitución Política de Colombia (en su Artículo 82), el Decreto 1504 de 1998 (que reglamenta el Espacio Público en los POT), la Ley 388 de 1997 (también conocida como Ley de Desarrollo Territorial) y todos los decretos nacionales y municipales que definen y protegen el espacio público como derecho fundamental de todos los ciudadanos…
Pereira es una ciudad que ha ido configurando una poderosa vocación comercial a nivel regional que se evidencia en la consolidación de su centro tradicional y otras zonas de la ciudad. Su posición geográfica la privilegia a nivel nacional por ser el centro de ese “triángulo de oro” que conforman las tres ciudades principales del país: Bogotá, Medellín y Cali. A nivel regional Pereira también es el nodo donde confluyen visitantes de municipios de Caldas, Quindío y el norte del Valle del Cauca. El comercio de Pereira es atractivo para todo tipo de compradores desde los habitantes de los centros poblados que hace parte de la zona rural, hasta los visitantes de todo el país que la frecuentan. Este alto volumen de población flotante, sumada a su población en la cabecera municipal de 410.535 habitantes (Recuento DANE), pone a prueba toda la infraestructura municipal donde el espacio público cobra un papel fundamental.
La creación y aseguramiento del espacio público es un tema urbano que se ha vuelto protagonista del milenio en las principales ciudades del mundo, de hecho los mismos dirigentes políticos han encontrado en los temas del espacio público nuevas consignas para abanderar sus campañas. Desde el año 2000, fecha de implementación del PORTE (Plan de Ordenamiento Territorial), en la ciudad se han venido ejecutando varios proyectos que tienen como eje principal el espacio público: Las obras de remodelación del Centro Tradicional – Carreras Séptima y Octava; el Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad Victoria y las obras generadas por el Sistema de Transporte Masivo – Megabus.
La protección del espacio público da respuesta a varias problemáticas, pero hay una que cobra especial importancia por la magnitud de su impacto, el manejo de los vendedores informales. Pereira es una ciudad reconocida como un “buena plaza” a nivel nacional según comentan los mismos vendedores informales. De hecho una buena parte de los venteros de Pereira proceden de otras ciudades. Según información de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal, existe un listado de 5.310 vendedores ubicados en espacio público, de los cuales 1.600 se encuentran ubicados en las zonas críticas: centro tradicional y subcentro de Cuba.
Algunas de las administraciones municipales, que anteceden a la actual, han formulado diversas estrategias para desocupar el espacio público desde la reubicación en San Andresito de los vendedores del parque de La Libertad en 1984, hasta los Bazares Populares de la doctora Martha Elena Bedoya en el año 2002. Sin embargo, y a pesar de las fuertes inversiones y de la voluntad política de la administración pública, el problema persiste y se multiplica con el paso del tiempo.
Factores como la pobreza, el desplazamiento por la violencia, la falta de oportunidades, la tradición familiar, el contrabando, la piratería, la presión de los mayoristas, entre otros, han desencadenado la invasión del espacio público que por su misma naturaleza diversa y compleja obligan a plantear soluciones múltiples acordes con las motivaciones de ocupación. En este orden de ideas una posible solución debe comprender un portafolio de soluciones producto de un proceso de concertación donde se dé una corresponsabilidad entre todos los actores públicos y privados. Así mismo deben definirse unos modos de contribución para la financiación de dichas alternativas. Todo el proceso debe generar una asunción de compromisos a futuro para garantizar su sostenibilidad y evitar la reincidencia del fenómeno.
A nivel legal el manejo de los vendedores informales plantea un pulso entre el derecho al trabajo y la garantía de que el espacio público se destine a usos de interés general y no particular. A lo primero se refiere la jurisprudencia de la sentencia T 772-03 (que antepone la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de los informales), y a lo segundo se refieren desde la Constitución Política de Colombia (en su Artículo 82), el Decreto 1504 de 1998 (que reglamenta el Espacio Publico en los POT), la Ley 388 de 1997 (también conocida como Ley de Desarrollo Territorial) y todos los decretos nacionales y municipales que definen y protegen el espacio público como derecho fundamental de todos los ciudadanos.
LO LEGAL: UN PULSO ENTRE EL DERECHO AL TRABAJO Y LA GARANTIA DEL ESPACIO PUBLICO
A nivel legal el manejo de los vendedores informales plantea un pulso entre el derecho al trabajo y la garantía de que el espacio público se destine a usos de interés general y no particular. A lo primero se refiere la jurisprudencia de la sentencia T 772-03 (que antepone la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de los informales), y a lo segundo se refieren desde la Constitución Política de Colombia (en su Artículo 82), el Decreto 1504 de 1998 (que reglamenta el Espacio Público en los POT), la Ley 388 de 1997 (también conocida como Ley de Desarrollo Territorial) y todos los decretos nacionales y municipales que definen y protegen el espacio público como derecho fundamental de todos los ciudadanos
Desde el punto de vista del vendedor informal la problemática entraña una raíz social profunda que tiene que ver con la falta de empleo y de oportunidades como se ha venido exponiendo.