Por: Eduardo Behrentz* | 6:45 p.m. | 12 de Febrero del 2011
Las empresas deberían contribuir al progreso social, económico y ambiental que se merece Bogotá.
La responsabilidad social empresarial (RSE) se define como la contribución de carácter voluntario al mejoramiento social, económico y ambiental (conocido como el triple resultado) que hacen empresas del sector público y privado. Dichas prácticas típicamente se encuentran enmarcadas en los principios de transparencia contable, políticas laborales y salariales, gobernanza y protección del medio ambiente.
Según la literatura especializada, a través de la aplicación de políticas integrales de RSE se puede lograr una mayor productividad del personal y la empresa, se crean ambientes amables y estimulantes para los trabajadores y se desarrolla la capacidad de atraer y retener a personal calificado. Al mismo tiempo, es posible aumentar el rendimiento económico y financiero, reducir los costos de producción y mejorar la calidad de los productos.
Por todas estas razones, es una excelente noticia que cada vez más firmas y organizaciones nacionales se encuentren promoviendo e implementando políticas de responsabilidad empresarial. Al mismo tiempo, sin embargo, es necesario aclarar que RSE es mucho más que el simple cumplimiento de leyes existentes, cuya estricta observancia se considera el mínimo punto de partida. Esto, a su vez, significa que es incomprensible que una empresa alegue actividades tipo RSE si no cumple con normativa relacionada con su actividad.
En este contexto, vale la pena denunciar que importantes empresas de carácter nacional y de sectores tales como transporte, telecomunicaciones y alimentos se encuentran en franca violación de normas elementales y contempladas en el Código de Policía, mientras, a su vez, pregonan y comercializan de forma masiva la idea de ser entes con alta responsabilidad empresarial.
La anterior es una realidad fácilmente documentable a lo largo y ancho de la capital del país, en donde se pueden observar vehículos de empresas de distribución de mercancía estacionados en lugares no permitidos, así como en andenes y senderos peatonales. También es común encontrar stands promocionales de firmas de telefonía celular que ocupan ilegalmente el espacio público e incluso carriles de avenidas principales. Tampoco se salvan de estas prácticas empresas de alimentos que, con personal uniformado, compiten con los vendedores ambulantes en una abusiva invasión de aceras y plazas, generando condiciones desleales con sus propios proveedores, pertenecientes al sector formal.
Es pertinente resaltar las condiciones antes descritas, no solo por la inconsistencia señalada en lo que se refiere a las políticas de responsabilidad empresarial, sino por las negativas consecuencias que se derivan de la misma. Por ejemplo, el incremento de la venta ambulante es uno de los grandes desafíos que enfrentamos, dado su carácter informal y la asociación con mayores niveles de inseguridad. Algo similar ocurre con la invasión del espacio público y el incumplimiento de normas viales, que afectan el clima de negocios y las condiciones de movilidad en la ciudad.
Hacemos entonces un llamado para que las empresas en referencia, muchas de las cuales cuentan con importantes capacidades técnicas y financieras, revisen sus protocolos y procedimientos y se conviertan en verdaderos gestores de RSE, que contribuyen de esta forma al progreso social, económico y ambiental que se merece la principal ciudad del país.
* Consultor e investigador
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